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Tlatlaya y Ayotzinapa: Más allá de carteles del narcotráfico (Parte II)

Las estructuras políticas y económicas del crimen

 

 

En las estructuras económicas de las redes criminales participan empresarios, banqueros, prestanombres y expertos en operaciones cambiarias que usualmente no aparecen en investigaciones ni condenas penales.

 

Algo similar sucede con las estructuras políticas: funcionarios públicos y líderes políticos que establecen acuerdos con agentes de redes criminales para que los recursos del Estado, la seguridad y las decisiones de administración pública sirvan para obtener contratos públicos a favor de empresas aparentemente legales, traficar y realizar otras actividades ilegales, proteger capos y neutralizar rivales políticos.

 

Sólo en contados casos los medios de comunicación y la opinión pública llaman la atención sobre la complejidad de las redes criminales: Asesinatos masivos a migrantes indocumentados, cientos de miles de toneladas de material ferroso traficados por Los Caballeros Templarios en los puertos de Michoacán, infiltración institucional masiva evidenciada con el Michoacanazo, o lo recientemente sucedido en Iguala y Tlatlaya, ponen en evidencia las estructuras institucionales –económicas y políticas- del crimen organizado. Pero esta atención no se traduce en nueva jurisprudencia, mecanismos novedosos para investigar la macro-criminalidad, o sanciones a los agentes criminales que operan desde la “legalidad”.

 

Peor aún, se niega la existencia de redes de crimen sistémico enquistadas en lo más profundo del Estado.

 

Esto, que parece una cuestión teórica, también tiene graves implicaciones prácticas. Remitiéndonos a Ayotzinapa, por ejemplo, será muy difícil juzgar y sancionar a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por delitos de desaparición forzada, y tampoco se entenderá su rol en la estructura criminal y de violencia que opera en Guerrero. Por el contrario, si hubiera herramientas jurídicas para investigar y sancionar drásticamente a funcionarios públicos que apoyan o colaboran acciones de desaparición forzada, tortura, o desplazamiento forzado, sería más plausible castigar a este exalcalde y, sobre todo, a todos aquellos que por encima de él han favorecido acciones criminales similares.

 

Macro-criminalidad

 

Sin correcta y amplia jurisprudencia sobre delitos como la participación de funcionarios públicos en actos de desaparición forzada, tortura o desplazamiento forzado, y sin adecuados métodos para entender las estructuras de las redes criminales como un sistema complejo, las investigaciones de lo sucedido en Iguala se conducirán como homicidios tradicionales.

 

Como consecuencia, sólo en el eventual caso de que la PGR declare y certifique el asesinato de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos, se iniciarán largos procesos judiciales que fácilmente pueden terminar en impunidad por prescripciones o fallas procesales.

 

Para evitar esta impunidad, mediante jurisprudencia integral y efectiva, se necesitaría el trabajo mancomunado y comprometido de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; algo que raramente sucede. Así, las recientes propuestas legislativas del presidente Peña Nieto pueden ser necesarias, pero totalmente insuficientes: fácilmente pueden morir en los eternos debates del congreso de la Unión e, incluso de aprobarse, encontrarían obstáculos de aplicación en la Rama Judicial por falta de capacidad técnica y operativa.

 

Mientras tanto, las víctimas seguirán desaparecidas, sus casos en un limbo procesal, y las redes criminales en Guerrero y otros estados continuarán operando de manera exitosa porque las autoridades no entienden su real complejidad; las agencias de seguridad creen entender una estructura criminal cuando proponen un organigrama de capos y sicarios, mientras omiten la participación masiva de funcionarios públicos y políticos.

 

Lo qué debería seguir

 

En 2013, en el marco de un proceso de justicia transicional en Colombia, se reconstruyó y analizó la estructura de una red criminal dirigida por un comandante narcoparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se identificaron aproximadamente 2300 víctimas de delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio y violencia de género que consistía, principalmente, en violaciones y esterilizaciones forzadas. También se identificaron aproximadamente 330 victimarios vinculados a la estructura criminal.

 

La altísima cantidad de víctimas y victimarios describe la acción de una red compleja, con estructuras capaces de ejercer violencia y tramitar recursos políticos, sociales y financieros entre sectores legales e ilegales, públicos y privados en Colombia. Es decir esta compleja red se articuló gracias a la participación inmediata o mediata –“a la sombra”-, de agentes con poder de decisión en instituciones.

 

La cantidad de víctimas y victimarios que convergen en esta red criminal, impone obstáculos para investigar, juzgar y sancionar penal y administrativamente a victimarios inmediatos y mediatos, y para reparar a víctimas; especialmente, en sistemas de justicia tradicionalmente caracterizados por impunidad, como en México y Colombia.

 

Los recientes hechos registrados permiten suponer que en México la situación no es menos compleja o grave.

 

Si en estos países la investigación de un delito común que involucra una víctima y un victimario por un hecho esporádico tardar varios años, ¿Qué puede esperarse de una investigación que involucre miles de víctimas y cientos de victimarios en la comisión de delitos planeados y sistemáticos –no aislados–, hasta incluir crímenes masivos de lesa humanidad?

 

Lo tentador para enfrentar esta complejidad criminal es instalar instancias jurisdiccionales especiales de investigación o juzgamiento, aprobar recursos y personal extraordinarios, o proponer leyes con mayores castigos. Sin embargo, estas medidas son insuficientes en el mediano y largo plazo, porque se necesitan nuevas concepciones jurídicas y sociológicas: nuevos métodos de análisis y de investigación judicial, y nueva jurisprudencia penal y administrativa distinta a la tradicional.

 

Los crímenes definidos tradicionalmente en el código penal y los enfoques para investigar y sancionar, usualmente son insuficientes para enfrentar situaciones tan complejas, simplemente porque no las contempla.

 

Por lo anterior, para afrontar de manera integral las investigaciones y juzgamientos de situaciones complejas como las de Iguala y Tlatlaya, y sobre todo evitar que dichas situaciones se repitan, sería necesario, entre otras acciones:

 

  1. 1.Reconocer la existencia de macro-criminalidad y de redes ilícitas responsables de ejecutar crimen sistémico de variada naturaleza, enquistado en instituciones públicas y privadas.

 

Los casos de Iguala y Tlatlaya ilustran situaciones de macro-criminalidad en las que múltiples victimarios desempeñaron roles específicos para facilitar la cooptación de instituciones públicas y privadas, infligir violencia sistemática y masiva y, en últimas, consolidar poder político y social de facto. Este poder, en Iguala, se hizo manifiesto cuando parte de la institucionalidad de la policía municipal se puso al servicio de intereses estrictamente criminales.

 

La existencia de macro-criminalidad implica reconocer que estos casos no son aislados, esporádicos o espontáneos, y que por el contrario resultan de la acción sistémica y planeada de redes criminales que operan a través de instituciones públicas y privadas.

 

Así, de no investigar, capturar y sancionar a los máximos responsables, inmediatos y mediatos, tanto capos y sicarios como aquellos grises que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad en instituciones públicas y privadas, es alta la probabilidad de que situaciones similares se reproduzcan.

 

Esto, sin embargo, no implica aceptar que el Estado, en totalidad, ha sido sometido, capturado o cooptado por la macro-criminalidad. Aunque hay instancias institucionales del Estado que han sido reconfiguradas y actualmente operan al servicio del crimen –como miembros de la policía municipal en Iguala que participaron en el secuestro de los estudiantes–, esto no implica que todo el Estado, menos en el nivel estatal y nacional, ha sido sometido.

 

Incluso en situaciones graves como las que enfrenta México actualmente, hay sectores sociales dispuestos, interesados y comprometidos en restaurar la convivencia. Esos sectores también son parte del Estado. Más allá del gobierno de turno, la sociedad Mexicana, que es parte del Estado, no ha claudicado.

 

  1. 2.Entender la estructura y el funcionamiento de las redes criminales, lo cual no consiste exclusivamente en dilucidar y presentar un organigrama de capos y sicarios, sino en identificar las estructuras financieras, políticas y sociales que soportan la red criminal.

 

Esto es indispensable porque en la zona gris del crimen operan los agentes con más poder para conectar sectores legales e ilegales de la sociedad.

 

La compleja red criminal que condujo a la desaparición de 43 estudiantes, con el apoyo de miembros de la policía municipal, no está conformada únicamente por los sicarios, Abarca y el jefe de policía. Para operar con tan alta efectividad y con el amparo de total impunidad fue necesario una compleja red de interacciones con políticos, funcionarios públicos y diversos agentes privados. Si esa red no se identifica, investiga y sanciona, seguirán inmunes y a salvo los máximos responsables que han proporcionado recursos económicos, sociales y políticos para la red criminal opere.

 

Es decir: No basta interpretar a Abarca como el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes, y conseguir su juzgamiento y sanción. Es sobre todo necesario identificar a aquellos agentes mediatos que “a la sombra”, entre la legalidad y la ilegalidad, proporcionaron recursos para que sujetos como Abarca puedan actuar.

 

3. Formular y adoptar jurisprudencia que contemple la compleja situación actual; especialmente para investigar y sancionar agentes inmediatos y mediatos de delitos como homicidios y desaparición forzada, desplazamiento forzado, lavado de activos y la financiación criminal. Para esto se puede avanzar en la implantación de modalidades como el concierto para delinquir agravado, que castigue de manera particularmente drástica a funcionarios públicos que colaboren con el crimen, no sólo en casos de homicidio, sino también de desaparición forzada, tortura y corrupción grave.

 

Si durante la última década en Colombia la Corte Suprema de Justicia no hubiera definido y aplicado nueva jurisprudencia para investigar y castigar la colaboración entre funcionarios públicos de alto rango y grupos narco-paramilitares, probablemente esos funcionarios hubieran quedado totalmente impunes, aún cuando su colaboración se tradujo, muchas veces y al menos indirectamente, en la comisión de masacres.

 

Es fácil entender por qué agentes con poder de decisión, como gobiernos de turno o líderes políticos, niegan la existencia de macro-criminalidad y la participación de sectores institucionales en las redes de crimen sistémico: Ello implicaría reconocer parte de la culpa que les corresponde a las instituciones legales infiltradas, lo cual demanda una decidida y acérrima voluntad política que, lamentablemente, falta en la mayoría de países de América Latina.

 

Por esto, ante la ausencia de decisión política, es indispensable el acompañamiento de la comunidad internacional: medios de comunicación, agencias multilaterales, misiones diplomáticas y organizaciones no gubernamentales.

 

Si no se reconoce la existencia de macro-criminalidad, consecuente con la operación de redes de crimen sistémico, si no se adoptan métodos idóneos de investigación policial y judicial para entender la complejidad de esas redes, y si no se desarrolla jurisprudencia comprensiva para sancionar penal y administrativamente la participación y el grado de responsabilidad de agentes públicos y privados, entonces lo sucedido en Iguala o en Tlatlaya será abordado como un caso aislado más, casual y esporádico. En este escenario, en el futuro aparecerán más víctimas masivas por la acción inmediata y mediata de agentes públicos y privados en el Estado Mexicano.

 

*Luis Jorge Garay Salamanca: Adelantó estudios de Ingeniería industrial, magister en economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y de doctorado, Ph.D., en economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos. Investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford (1981-1982), Inglaterra, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1994). Consultor del BID (1994-2001), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000-2002), del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (1996-1998) y de la Contraloría General de la República de Colombia (2001-2002). Asesor especial del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la programación macroeconómica (1984-1991), del Ministerio de Comercio Exterior en la negociación de acuerdos de libre comercio (1993-1994) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

 

*Eduardo Salcedo-Albarán: Filósofo, estudió la maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.Se ha desempeñado como Coordinador de área en Método y docente de la Universidad del Rosario en áreas de tecnología, evolución y genética. Ha escrito sobre crimen y violencia en Colombia, y ha sido asesor de agencias del Estado colombiano en prevención de delitos. Es autor del libro Corrupción, cerebro y sentimientos (2007) y coautor del libro La captura y reconfiguración cooptada del estado en Colombia (2008).

 

Más info: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/tlatlaya-y-ayotzinapa-mas-alla-de-carteles-del-narcotrafico-parte-ii/?code=reforma

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