El pasado martes, en su columna para Prensa Libre, Marielos Monzón escribió un artículo en defensa del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien fue citado ante la junta disciplinaria judicial señalado de “retardo injustificado”. Asimismo, resaltó los aportes de Eduardo Salcedo-Albarán y Luis Jorge Garay en la conceptualización de lo que se ha denominado "criminalidad compleja".
Guatemala: la gran corrupción
Hace algunas semanas, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad realizó un seminario internacional sobre la independencia judicial y las redes criminales. El tema central que ocupó a la mayoría de expositores fue el del fenómeno de “la gran corrupción” y la “macro-criminalidad compleja”.
El exfiscal peruano y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, se refirió a cómo en la actualidad nos enfrentamos a complejas redes criminales y no a individuos corruptos que actúan de manera aislada. A partir del emblemático caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, explicó cómo se tejen las alianzas y se articulan los mecanismos entre funcionarios y particulares para generar corrupción, impunidad e incluso la “captura del Estado”.
Ugaz señaló también que las herramientas legales con las que se cuenta no corresponden a la situación que se quiere enfrentar y que es necesario buscar mecanismos más expeditos para lidiar con estos esquemas de “gran corrupción”.
Por su parte, Eduardo Salcedo y Luis Jorge Garay, de la fundación Vortex, de Colombia, se refirieron al fenómeno de la criminalidad compleja, en la que el crimen infiltra parcelas completas del Estado y la sociedad, lo que implica que las redes están conformadas por una multiplicidad de actores —agentes económicos, políticos, sociales y judiciales— que utilizan su poder e influencia para conseguir intereses de beneficio mutuo.
Ambos expertos explicaron cómo cada vez más estas redes emplean métodos democráticos y legales —como los partidos políticos y medios de comunicación— para el cumplimiento de sus objetivos, y cómo el Estado empieza a funcionar para proteger los intereses criminales, lo que genera la captura y cooptación de la institucionalidad hasta llegar al “Estado mafioso”. Para Salcedo y Garay, una de las tareas pendientes que afrontan los sistemas judiciales es la necesidad de hacer transformaciones normativas y legales dada la complejidad y la capacidad de transformación y adaptación de las redes criminales.
El caso “Corrupción y Construcción”, presentado por el MP y la Cicig el viernes pasado, ejemplifica perfectamente el fenómeno de la criminalidad compleja, la utilización de mecanismos legales para disfrazar la corrupción y el involucramiento de un gran número de actores —de diversos sectores— para tomar por asalto al Estado. También deja muy claras las enormes falencias de nuestro sistema electoral y de partidos políticos y la extrema vulnerabilidad de la democracia guatemalteca. Ya no queda duda de que el financiamiento electoral ilícito y el tráfico de influencias constituyen las bases sobre las cuales se ha construido el sistema de partidos en el país.
Tan solo un día antes de que este caso saliera a la luz, el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado B de Mayor Riesgo, fue citado ante la junta disciplinaria judicial señalado de “retardo injustificado” en un proceso a su cargo; como si no fueran evidentes, públicos y notorios los enormes tropiezos a los que se enfrenta para dar trámite —en el marco de la ley— a los complejísimos procesos judiciales que conoce.
Lo anterior evidencia, como afirmaron Ugaz, Salcedo y Garay, que el fenómeno de la criminalidad compleja rebasa los marcos legales del derecho penal actual y que es necesario y urgente emprender estas transformaciones legales. Pero también se hace imperativo tomar las decisiones al más alto nivel judicial para flexibilizar y adaptar estructuras, herramientas y conceptos para hacer frente a estas nuevas formas de criminalidad.
Marielos Monzón #EstamosConElJuez