El día jueves 8 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad del Rosario en Bogotá, un taller dirigido a expertos en la investigación y sanción de la corrupción en Colombia "TALLER DE EXPERTOS: DAÑO SOCIAL POR ACTOS DE CORRUPCIÓN". El taller estuvo organizado por el Ministerio de Justicia de Colombia, Transparencia por Colombia, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PUPAD) y la Embajada de Suecia.
Se siguió una metodología de conversatorios organizados en tres páneles: el primero, dedicado a exponer los lineamientos iniciales del concepto y enfoque del daño social, el segundo, orientado a reflexionar sobre una posible ruta jurídica que contemple el reconocimiento del daño social de la corrupción y su debida reparación, y el tercero, dedicado a discutir conceptual y metodológicamente una propuesta concreta desarrrollada por Fundación Vortex para la tasación del daño social, específicamente desde una de sus principales afectaciones: la patrimonial.
Entre los panelistas representantes de Fundación Vortex estuvieron: Luis Jorge Garay Salamanca (Director Científico), Eduardo Salcedo-Albarán (CEO) y Guillermo Macías (Investigador).
Luis Jorge Garay, Director Científico de Fundación Vortex.
En el primer pánel, los expertos Juanita Olaya y Luis Jorge Garay elaboraron sobre el daño social derivado de actos de corrupción, en miras de proyectar un balance de la capacidad institucional para prevenir y reparar la corrupción y sus consecuencias. Estuvieron de acuerdo en que la corrupción ha alcanzado niveles de sofisticación que trascienden el soborno a funcionarios públicos, lo que exige enfoques más profundos al momento de comprender la corrupción y sus efectos nefastos sobre el tejido social. También coincidieron en que no es posible hablar de reparación integral a las víctimas de corrupción si no se contempla la reparación de las afectaciones patrimoniales y extrapatrimoniales.
En este pánel también se debatió sobre si Colombia cuenta o no con los marcos jurídicos necesarios para impulsar mecanismos de reparación al daño social de la población afectada por temas de corrupción, garantizando sus derechos a la justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. De acuerdo a la Dra. Juanita, ya existen, pero ha faltado voluntad para hacer uso efectivo de las herramientas. Luis Jorge, por su parte, considera que sí es necesaria la formulación de una jurisprudencia más avanzada (que, por ejemplo, haga efectiva la extensión de dominio, no solo asociada al tema de enriquecimiento ilícto), acompañada de medidas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para comprender, investigar, sancionar y reparar las sofisticadas formas de macro-corrupción y cooptación del Estado.
Guillermo Macías, investigador Fundación Vortex
El segundo pánel estuvo enfocado en el dabate de una construcción de una ruta jurídica para entender y reparar el daño social causado por la corrupción. Al respecto, José Fernando Correa, coordinador del proyecto Daño Social, considera que sería un avance fundamental el solo hecho de posicionar el concepto de daño social en el escenario jurídico y judicial del país, en aras de visibilizar las distintas escalas de la corrupción. En la intervención también se celebró la existencia de herramientas como la Ley 74 (Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos), la Ley 1448 (medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno) y los artículos 90 (Estado responsable por acción u omisión y responsable de reparación patrimonial) y 209 (control interno para el adecuado cumplimientode las funciones del Estado) de la Constitución Política, entre otras, las cuales han permitido reconocer la responsabilidad del Estado como agente activo que debe obrar con transparencia, atacar la corrupción y cercenar los daños causados por la misma.
En el tercer pánel, nuestros representantes Garay, Salcedo-Albarán y Macías expusieron una propuesta de tasación de los daños patrimoniales aplicada a un caso específico, pero replicable, de un contrato que hizo parte del desfalco económico a Petrobras en Brasil. Reconocer y cuantificar el daño patrimonial es una de las fases iniciales necesarias para dar paso al cálculo de las afectaciones extrapatrimoniales, por tanto, la propuesta se planteó como uno de los primeros pasos para construir rutas y metodologías sistemáticas que permitan identificar el valor aproximado de los costos de la corrupción, para así determinar los valores que debieran asignarse a la reparación.
Eduardo Salcedo-Albarán, CEO Fundación Vortex
Para realizar la propuesta se cuestionaron conceptos como el daño emergente calculado al 6% desde el siglo pasado, por su perdida de vigencia. A propósito propusieron asociar este valor al valor nominal del contrato (costo bruto del contrato incluyendo aditivos restando el costo adicional) multiplicado por el factor de ajuste con tasa de inflación. Dentro de la propuesta también se tuvieron en cuenta los cálculos del lucro cesante consolidado en relación al valor nominal del daño emergente, así como el calculo del valor actual del enriquecimiento ilícito.
A manera de conclusión se reiteró la necesidad de construir alianzas y estrategias conjuntas entre las distintas entidades de control e investigación: Procuraduría General de la Nación, Contraloría y Fiscalía General, para continuar avanzando en el reconocimiento y reparación de los costos sociales, patrimoniales y extrapatrimoniales, de la corrupción. Desde Fundación Vortex también se hizo hincapié en que el calculo de los daños y costos de reparación, no es suficiente si no se comprenden los efectos institucionales (económicos, sociales y políticos) de los procesos de cooptación que derivan de la corrupción.