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Carlos Arrazola

Entrevista de Eduardo Salcedo-Albarán a Plaza Pública, Guatemala


Cuando los políticos y los empresarios se mueven en las zonas grises, entre lo legal e ilegal, en contubernio con las mafias, resultan siendo igual de responsables que éstas, señala el experto en redes criminales. En esta entrevista Salcedo-Albarán analiza las acciones impulsadas por la CICIG y la Fiscalía guatemalteca en contra de las estructuras delictivas, cuestiona el papel desempeñado por políticos y empresarios en este contexto, y propone un pacto ético social, un cambio de paradigma para erradicar la corrupción y el crimen.

Eduardo Salcedo-Albarán, filósofo colombiano, es uno de los más reconocidos latinoamericanos especialistas en el estudio de las estructuras criminales por medio de la aplicación de análisis de redes sociales, inteligencia artificial y la neurociencia. Ha publicado numerosos estudios sobre delincuencia organizada transnacional, secuestro, corrupción, narcotráfico, y captura y cooptación del Estado. En 2012, junto al también colombiano Luis Jorge Garay, publicaron Narcotráfico, corrupción y Estados, donde analizan los procesos de secuestro y cooptación de los Estados por parte de estructuras criminales en Colombia, México y Guatemala. Es fundador y director de Vortex, un grupo de investigación transnacional dedicado al estudio de problemas sociales para aportar soluciones.

Como experto y conocedor de la realidad guatemalteca, Salcedo-Albarán realizó la semana pasada una visita académica a Guatemala. El investigador se interesa en cómo las estructuras criminales operan en “zonas grises” —a veces de manera legal, a veces de manera ilegal— donde se relacionan con políticos y empresarios para alcanzar sus objetivos mafiosos, y en cómo estos se convierten en sus cómplices y corresponsables de sus crímenes. Sugiere la adopción de un nuevo paradigma basado en la ética y la renovación de los valores de la sociedad para desterrar a las redes criminales, y advierte a los empresarios que de no adoptar códigos de ética empresarial robustos y vinculantes, terminarán siendo asfixiados por sus propias ambiciones.

En los últimos meses, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y el Ministerio Público han desbaratado estructuras criminales que operaban dentro del Estado (cárceles, aduanas, Seguro Social, PNC). Los principales cabecillas de estas mafias fueron detenidos y sometidos a procesos penales. Sin embargo, según los investigadores, estos grupos criminales siguen operando. ¿Cómo se explica ese fenómeno?

Lamentablemente los sistemas de justicia y seguridad, y los grupos de la sociedad civil, los periodistas, los estudiosos, nos hemos concentrado en entender, identificar, perseguir y sancionar únicamente a los cabecillas visibles y, sobre todo, o peor aún, a los criminales de tiempo completo: actores oscuros o criminales puros. Siempre se concentra la atención en ellos. Pero resulta que éstos son sólo la punta del iceberg de la red criminal; son la parte más desechable y reemplazable, son el capo de turno.

¿Cuál es, entonces, el motor y cerebro real de las mafias?

La zona gris: la parte más importante, la más difícil de entender, de investigar y sancionar. Son aquellos actores que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad. Para que las redes criminales puedan existir necesitan recursos provenientes de los sectores legales de la sociedad. Recursos no sólo económicos, sino también políticos y sociales.

Relaciones…

Exactamente. Recursos que fluyen a través de las relaciones e interacciones con esos sectores legales de la sociedad. Para sacar el dinero de la estructura ilegal de donde lo han obtenido, para ponerlo en circulación dentro de la economía y poder utilizarlo, necesitan alianzas con banqueros, cambistas, expertos en análisis financiero que están en los sectores legales de la sociedad. Mientras esas relaciones no se corten, no se entiendan, no se persigan y no se sancionen, siempre continuará el flujo de recursos financieros hacia la parte criminal de la estructura.

¿Esos “socios” están conscientes del papel que desempeñan dentro de la estructura criminal? ¿Saben que están cometiendo delitos, o al menos colaborando, al involucrarse y colaborar con esos grupos?

La mayoría lo sabe. Siempre es posible que haya chivos expiatorios, alguien a quien utilicen sin darse cuenta. Pero en la mayoría de estos casos, y sobre todo en operaciones de esta naturaleza, de corrupción y crimen sistémico, tan endémico en nuestras sociedades, la participación de estos actores es decidida, no es una participación por omisión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los bufetes de abogados que permiten el flujo de todo tipo de relaciones sociales con las élites económicas y otros grupos. Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos y líderes políticos que permiten el flujo de recursos electorales, de recursos políticos, de favores. Mientras esas áreas no se identifiquen y se sancionen, los capos podrán ser capturados y procesados, y desaparecerán de las redes, pero siempre serán reemplazables. En cambio esas otras áreas, las “áreas grises”, son mucho más difíciles de reemplazar, no son desechables.

No podemos omitir la importancia histórica de que durante los últimos meses tantos guatemaltecos se hayan congregado en la plaza pública, para demandar transparencia. La sociedad se está dando cuenta y reconociendo que la transparencia debe ser un valor mínimo, entonces hay que empezar a construir desde ahí.

Tan fuertes e impunes son que han logrado cooptar las instituciones del Estado con facilidad.

Es una tendencia hemisférica. Cuando una sociedad tiene niveles de debilidad institucional tan graves como los que vivimos en Centroamérica, en México, en Colombia, se dan las condiciones para que esos círculos perversos entre corrupción, narcotráfico, crimen organizado, se afinen e incrementen. A más debilidad institucional, más posibilidades de corrupción, más posibilidades de acción criminal, más dinero y más posibilidades de debilidad institucional. Quedamos inmersos en unas condiciones realmente perversas, los modelos son replicados.

¿Cómo y por qué esas zonas grises se mantienen intactas y no les afecta apenas la caída de los capos de turno?

Las zonas grises son supremamente resilientes y eso les permite su reproducción como organismos vivos a los que se les puede perturbar, pero no se acaban. Eso sucede debido a la debilidad de nuestros sistemas de justicia, y porque la sociedad no ha prestado la atención que esas zonas grises requieren.

¿Es posible identificarlas y combatirlas?

Por supuesto. Es totalmente posible. En la actualidad se han desarrollado protocolos y metodologías de investigación que permiten identificar esas relaciones. Estoy seguro que el Ministerio Público de Guatemala cuenta ya con programas informáticos para identificar redes sociales. Pero más allá de las tecnologías, lo que se necesita es un cambio de pensamiento, de paradigma. Las autoridades, los operadores judiciales, los investigadores, los periodistas, la sociedad civil en general, deben reconocer que se trata de redes complejas, no de crímenes aislados ni personas en particular. Hay que entender que son redes, y sobre todo, entender que esas zonas grises de las estructuras criminales se mueven entre lo legal y lo ilegal.

Siempre se señala la complicidad y participación en estos grupos de funcionarios públicos y de los políticos, pero poco se habla de los empresarios, principalmente del sector financiero, indispensable, por ejemplo, para lavar el dinero producto de los ilícitos.

Exacto. Y ese es un error. Siempre concentramos la atención en la parte estrictamente criminal, y perdemos de vista que una red de este tipo necesita una estructura financiera, una estructura política, una estructura de relaciones sociales para existir. Sin esas estructuras no pueden funcionar. La estructura financiera está integrada por banqueros, casas de cambio, expertos en divisas, empresarios, testaferros.

¿Saben los banqueros que están lavando dinero producto del crimen organizado?

Casi siempre. Pero es posible que un banco sea utilizado por otros actores privados, por otros actores empresariales, por abogados…

Pero la legislación contra lavado de dinero que cada vez es más exigente en ese sentido, obliga a los banqueros a reportar los movimientos que consideran sospechosos, no importa si éstos son de empresarios, abogados o funcionarios…

Y aun así los dejan pasar. Eso ocurre acá, en México, incluso en Estados Unidos. Bancos mundialmente grandes como el HSBC, han servido para lavar cientos de millones de dólares de narcotraficantes.

Eso hace a los banqueros tan responsables como los criminales.

Cuando ponen sus estructuras al servicio de una red criminal, son igual de responsables. Igual lo son los funcionarios públicos que favorecen a esa estructura. O los líderes políticos que sin ser funcionarios públicos, también defienden esos intereses. A veces nos confundimos, porque creemos que como son licenciados y doctores, y así les decimos, creemos que lo que hacen no es tan grave. Pero en realidad es totalmente equiparable lo que hace el banquero, el alcalde o el gobernador que ha hecho un pacto con el narcotráfico o con cualquier red de corrupción, con lo que hace el estrictamente narcotraficante.

La ética empresarial

¿Qué deberían hacer los empresarios para no caer en la tentación de involucrarse en esas redes criminales?

El sector privado debería reconocer su momento histórico y generar códigos de ética empresarial, realmente estrictos, ciertos y legítimos. Que no se limiten a sacar comunicados cuando surgen los escándalos de corrupción, eso no es suficiente. Lo que se necesita es que esas agremiaciones establezcan códigos de ética, como también deben hacerlo los partidos políticos, para blindarse, para limpiar sus propios gremios. Solamente en esa medida pueden empezar a disminuir los niveles de extorsión.

¿Les preocupa a los empresarios la ética más que su enriquecimiento?

Debería de preocuparles, deberían tenerla. Entre más ética apliquen y entre menos sobornos paguen, estarán sujetos a menos extorsiones, mejores negocios podrán hacer. El crecimiento económico sólido, que se logra mediante mecanismos transparentes, es de largo plazo.

Como lo que ocurrió en Italia.

Exactamente. En el sur de Italia las agremiaciones se pusieron de acuerdo para formular códigos de ética para expulsar de sus asociaciones a los empresarios que tenían vínculos con la mafia. Con ello lograron disminuir los niveles de corrupción, y quitarse esa soga que los asfixia, porque la corrupción, los sobornos, las extorsiones, asfixian la economía local. Solamente en la medida en que se comprometan a dar esos pasos lograrán un crecimiento económico sostenido.

El tema de la ética es complejo, no sólo para los empresarios sino para sociedades como las nuestras, que prácticamente se han desarrollado en medio de la cultura de la corrupción y la opacidad.

El tema de le ética es complejo. Suena a regaño, a clases de colegio. Se asume que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, y que la única solución es la cárcel. Pero en realidad, la única posibilidad de transformación social real a mediano y largo plazo, es por medio de la reivindicación de los valores sólidos. Si nuestras sociedades no reconocen la importancia de la transparencia, de la cultura de la legalidad, de apostarle al cumplimiento de las reglas y no a la trampa, en el mediano plazo no vamos a lograr nada. En el corto plazo es importante que en Guatemala la CICIG y la Fiscalía continúen con lo que están haciendo; que identifiquen a los funcionarios públicos, a los actores privados, a los criminales y desmantelen a estas estructuras. Pero en el mediano plazo, eso sirve únicamente si la sociedad se pone de acuerdo en respetar conductas mínimas. De lo contrario, no se podrá avanzar. La sociedad seguirá estancada y no avanzará, seguirá dando vueltas en la corrupción y el narcotráfico, seguirá decayendo.

Menos CICIG, más cooperación transnacional

La CICIG es un “experimento” de las Naciones Unidas para combatir la impunidad y las estructuras criminales incrustadas en el Estado, en este caso en el Estado guatemalteco. A partir de esta experiencia, ¿es oportuno que este modelo supranacional se replique en otros países que padecen los mismos males que Guatemala?

No creo que se necesite crear muchas CICIG’s en toda la región. Lo que sería supremamente útil es ampliar el rango de acción para avanzar en acuerdos de cooperación transnacional para la investigación, identificación, juzgamiento y sanción de esas redes criminales. Es muy ingenuo suponer que persiguiendo y condenando a las redes criminales en Guatemala se logrará algo estructural. Estas redes operan de manera intensa, activa y mancomunada en todos los países circundantes. Lo que sucede en Guatemala no puede leerse de manera aislada de lo que sucede en Honduras, El Salvador y México. Lo que se necesita es que un mecanismo como la CICIG cuente con procedimientos para fortalecer los acuerdos de cooperación interinstitucional entre las fiscalías locales de los países. Apuntar al fortalecimiento institucional real, porque en el mediano plazo la CICIG se va, y lo que se necesita es consolidar la institucionalidad local.

Pero en nuestros países, las instituciones no sólo han sido debilitadas sino también cooptadas por las mafias. ¿Hubiera podido Guatemala, por sí misma, empezar el proceso de combate real a estas mafias sin una instancia como la CICIG?

No. No hubiera sido posible iniciar… Pero en todos los países siempre es posible encontrar a alguien con quién empezar a trabajar. Por muy sucia que esté la sociedad, siempre hay alguien, ya sea una fiscal, un juez, un periodista. En Guatemala, afortunadamente, las herramientas llegaron por medio de este mecanismo supranacional. Y probablemente lo mismo se necesita en Honduras y en El Salvador, para ampliar los mecanismos de investigación transnacional.

Reforma, reestructura y refundación

Antes decía que es indispensable cambiar el paradigma conceptual y metodológico para hacer frente a las redes criminales, ¿cómo se hace eso?

En Colombia hubo un proceso de cooptación masiva del Estado, en el Congreso de la República, gobernaciones, alcaldías, en la Agencia de Inteligencia del Estado, fiscalías en el nivel local, pero desde el Poder Judicial se adaptaron mecanismos y protocolos de análisis de redes para entender estas estructuras. La Corte Suprema de Justicia se dio a la tarea de ejecutar esas investigaciones. Actualmente se entiende bastante bien cómo operaron y funcionaron esas redes, y sobre todo, se creó la jurisprudencia necesaria para poder investigar, procesar y condenar de manera ejemplar a los funcionaros públicos que participaron en esas redes.

El sector privado debería reconocer su momento histórico y generar códigos de ética empresarial, realmente estrictos, ciertos y legítimos. Que no se limiten a sacar comunicados cuando surgen los escándalos de corrupción, eso no es suficiente.

Hubo una reforma pero no una reestructura del sistema…

Faltó. Tenemos que seguir trabajando para que los partidos políticos realmente corten sus vínculos con los criminales, paramilitares, narcotraficantes.

¿Qué necesitan nuestros Estados para desterrar esas mafias: una reestructura o una refundación?

Refundación en el sentido de que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad, sobre cuáles van a ser los principios mínimos éticos y las reglas del juego mínimas que estemos dispuestos a aceptar todos. Tenemos que establecer un pacto social con reglas del juego mínimas y que todos nos pongamos de acuerdo: el sector político, el sector privado, la sociedad civil. Y desde ahí es que vamos a poder empezar a introducir las reformas que se requieren.

Empezando por el sistema político.

Para blindar al sistema. Para que si un político corrupto se va a la cárcel no le pueda transferir todos los votos al hermano o al sobrino, para que la corrupción no se siga reproduciendo de manera invariable. Limitar el adefesio de la elección indefinida de alcaldes, como tienen en Guatemala, que apunta a una total corrupción. Mientras el sector político no se reforme, no se blinde, no se ponga de acuerdo, no hacemos nada si cortamos el flujo del dinero, porque siempre seguirán recibiendo favores políticos.

Regreso al tema de la ética y los valores. Evidentemente, no serán los políticos actuales los que impulsarán esa cruzada por una cultura de transparencia. ¿Quiénes deben liderar ese proceso?

Nosotros. La sociedad civil. Lamentablemente en nuestros países muy pocas transformaciones sociales positivas han llegado por la vía de las élites. En la mayoría de nuestros países, las élites no han desempeñado el papel histórico que les corresponde para halar al resto de la sociedad. Al contrario, lo que les ha interesado, por tendencia, es reproducir las condiciones de criminalidad, de caos institucional, de debilidad, para seguir pescando en río revuelto. Como eso es así, entonces, sólo la sociedad civil, los estudiantes, las agremiaciones, los grupos de víctimas, los grupos de abogados, de periodistas, podemos comenzar a ejercer la presión social, como la que afortunadamente ya se inició en Guatemala. No podemos omitir la importancia histórica de que durante los últimos meses tantos guatemaltecos se hayan congregado en la plaza pública, para demandar transparencia. La sociedad se está dando cuenta y reconociendo que la transparencia debe ser un valor mínimo, entonces hay que empezar a construir desde ahí. Eso le corresponde únicamente a la sociedad civil, aunque es muy difícil porque no se cuenta con los recursos económicos ni políticos con los que cuentan las élites, y así es fácil desfallecer porque se acaba la energía.

¿Cómo hacer para que los empresarios asuman el papel que les corresponde?

Los empresarios no puede seguir omitiendo su papel. Ya se están dando cuenta; la sociedad está diciendo que la transparencia es algo mínimo que tenemos que aceptar. La Fiscalía y la CICIG están comenzando a apuntar hacia los actores económicos, están empezando a prestar atención a las estructuras financieras, comerciales y económicas de las redes criminales, empiezan a investigar y sancionar a actores económicos importantes. En este momento, las empresas, los gremios empresariales, tienen la oportunidad única de adoptar códigos de ética empresarial estrictos, antes de que sea la CICIG y la Fiscalía las que los acorrale y comience a depurarlos desde afuera.

Aunque ello implique reducir sus ganancias…

Pero sólo en principio. El razonamiento de algunos empresarios es que pagarán un soborno para acceder al contrato, lo que en el corto plazo le representaría una ganancia; pero en el mediano plazo, ese soborno va aumentando de manera indiscriminada y reduce la tasa de retorno y utilidades para su negocio. Es el mismo razonamiento el que se debe aplicar, pero a la inversa: el banquero que en el corto plazo rechaza que dinero producto del crimen organizado pase por su estructura de negocio, garantizará que en el mediano plazo funcione con capitales limpios, legítimos y sólidos, y eso le permitirá tener un negocio exitoso en el futuro. Los empresarios tienen que percatarse de eso: pareciera que dejarán de recibir contratos y ganancias en el corto plazo; pero en el mediano plazo, esos contratos serán legítimos, totalmente limpios y sostenibles.

¿Y si no lo hacen?

Terminarán asfixiados por las estructuras criminales. No podrán hacer negocios, mover productos, funcionar, tener abierta una tienda o una farmacia. Es imposible porque los niveles de extorsiones son tan altos que ya no obtendrán ninguna ganancia. Los empresarios tienen que reconocer que dejar de recibir ganancias ahora de manera fraudulenta, les permitirá en el futuro funcionar con una economía sólida y saludable como pasa en otros países. Se puede generar riqueza de otra forma, y no a punta de extorsiones y niveles de corrupción tan impresionantes.

08/07/2015


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