El economista Luis Jorge Garay y un grupo de investigadores cuestionan al sector minero.
Según el Banco de la República, Luis Jorge Garay “es uno de los economistas colombianos más destacados en la historia nacional”. Y esta semana, Garay sorprendió con su estudio Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista, en el que participaron otros siete investigadores, con el patrocinio de la Contraloría General de la República, que denunciaron el impacto negativo de este sector en distintos ámbitos.
A juicio de Garay, la minería en Colombia carece de regulaciones rigurosas en los ámbitos tributario, ambiental y laboral, entre otros, y desconoce derechos fundamentales.
Usted habla del surgimiento de una tendencia de zonas de ‘desgobierno’, donde no imperan ni lo local ni lo global. ¿Es Colombia hoy, en materia de minería, un espacio ‘desgobernado’?
Nosotros no hemos desarrollado un estricto marco de gobernanza del sector minero en Colombia, no así en el de hidrocarburos. En el de hidrocarburos sí ha habido un avance más a la gobernanza. Entre otras razones, porque el Estado colombiano nunca renunció a tener participación en la industria petrolera; de hecho, la empresa pública más sólida es Ecopetrol, y ha desarrollado toda una tecnología, un saber sobre un sector que conduce con un marco de gobernanza mucho más estricto. Por ejemplo, todo proyecto de hidrocarburos en Colombia se asigna al mejor postor; en cambio, en minería hay una cláusula del Código Minero (“primero en tiempo, primero en derecho”), lo que es irracional como política pública para asignar recursos no renovables y escasos mundialmente.
¿Imperan los intereses de las compañías sobre los del Estado?
Ha habido un interés de ciertos grupos del Estado y la sociedad colombiana en el desarrollo de un modelo extractivista, que implica un sistema intensivo y orientado a la exportación de recursos naturales no renovables, incluso utilizando técnicas discutibles en términos medioambientales.
Usted dice que hoy no hay regulación rigurosa ni en lo tributario, ni en lo ambiental, ni en lo social para el sector minero.
¿Qué tan nocivo es esto?
Tiene implicaciones perversas no solo de corto, sino de mediano y de largo plazo. A esto hay que agregarle lo siguiente en el contexto colombiano: este país por siglos ha tenido un conjunto de violencias por el dominio territorial; en el siglo XIX, muchas de las guerras civiles y partidistas fueron precisamente por la lucha territorial, y en el siglo XX, también. Hoy lo estamos viendo con los ejércitos antirrestitución y cierta parainstitucionalidad contra la restitución de tierras. Todavía la lucha por el territorio, no solo por el suelo, sino también por el subsuelo, está vigente y se hace a través de intimidación, de violencia y de la multiplicidad de grupos abiertamente ilegales y grises que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, con el hecho adicional de que el Estado no tiene una presencia verdadera en todo el territorio nacional.
¿Usted sugiere una relación clara entre la explotación minera y el conflicto social?
Encontramos algo muy grave y es que si se cruza el mapa de las solicitudes de licencia minera con el del desplazamiento forzado tradicional, el abandono y despojo de tierras, se descubre un traslapamiento muy alto. Además, en municipios con alto nivel de violencia es donde hay más intereses mineros, y eso no quiere decir que la minería por sí sola genere violencia, sino que hay una lucha, como lo ha mostrado Paul Colie, en estudios del Banco Mundial, en la medida en que hay riquezas grandes en territorios donde el Estado no tiene toda la legitimidad. En estos escenarios, los grupos que suplantan al Estado buscan el predominio del poder del territorio para aprovecharse de la riqueza, y eso genera violencia.
¿Ve esa amenaza en Colombia?
En el caso colombiano hay una minería que viene irrumpiendo con mucha fuerza, que es la minería abiertamente criminal. Que es llevada a cabo por organizaciones armadas e ilegales, en asocio a veces y con capitales grises, para poder, sin cumplir ninguna norma ni estándar, tomar provecho y capturar los recursos naturales, con gran sacrificio de intereses políticos, económicos, culturales y sociales y naturales. Y esto, de no tenerse cuidado, va a ser, a mi juicio, uno de los factores de las nuevas violencias.
¿Va a contribuir a aumentar la espiral de violencia?
En ciertos lugares del país, sin la menor duda. Y eso es algo preocupante, porque, sin la menor duda, como se ha reportado, hay evidencia de que las ‘bacrim’ (o sea los neoparamilitares), las Farc, o cierta porción de las Farc, con algunos carteles mexicanos, especialmente el más grande, el de Sinaloa, están con presencia activa. Esta alianza en diferentes regiones del territorio colombiano tiene como propósito, no solo el narcotráfico, sino el aprovechamiento de ciertos recursos naturales muy apetecibles en el mercado mundial, como es el coltán, un material muy útil en la producción de los celulares y cierto tipo de industria, especialmente demandado en China, país que sirve de receptor de capitales y que vuelven, en el caso de México, convertidos en insumos para la producción de drogas sintéticas.
Y se ha encontrado en el caso que estudiamos en México, que China sirve como receptor de capitales: recibe el coltán, se lava el dinero y a su vez de China se traen, insumos para la producción de drogas sintéticas. Esa triangulación con ciertos países donde no hay un estricto control al lavado de dinero y otros movimientos hace que la explotación de minerales y el oro por naturaleza excelente, hace que sea el más apetecible para la ilegalidad.
¿Se estaría dando en Colombia esa alianza de paramilitares, bacrim, Farc y cartel de Sinaloa?
Sí. Hay evidencias informales, no casos juzgados, de que eso está ocurriendo. En instituciones como la Fiscalía hay documentos sobre la presencia de Sinaloa en la costa occidental del país, que va desde Antioquia, en ciertos puntos del Valle del Cauca y luego hacia Nariño.
¿Con el "respaldo" de China?
En algunos casos. En otros no necesariamente. Está, según reportes, Sinaloa operando en el Amazonas con las Farc para la explotación de coltán, que seguramente al igual que México, deberá ser exportado a China, que es el mayor demandante de ese recurso, y a su vez habrá operaciones de importación de insumos importantes para producción de drogas sintéticas y de otros que tiene la criminalidad.
Ahora el hecho clave es que en Colombia estas organizaciones deben ser comprendidas como organizaciones macrocriminales que una de sus características es que no solo son criminales sino que tienen una porción creciente de agentes grises que les permiten poder, no solo lavar el dinero, sino apalancar intereses penales, políticos y sociales.
¿Explique ese concepto de agentes grises del crimen?
Los agentes grises son agentes que se mueven en la legalidad y la ilegalidad, lo que les posibilitan tener una conexión con la economía abiertamente ilegal y con la legal, para no solo lavar capitales e introducir las utilidades o parte de las utilidades del negocio ilegal en la economía legal, sino para poderla legalizar y a su vez reproducir. También para poder tener mayor grado de influencia desde fuera y/o desde dentro del Estado para fines políticos, sociales, económicos y penales. Incluso, jurídicos. Eso es lo que nosotros llamamos avance en la reconfiguración y captura del Estado que le permite a estas organizaciones y redes poder satisfacer de una manera más eficiente el conjunto de sus propósitos, porque no son solo económicos sino también de otra naturaleza.
Usted ha escrito otro libro sobre la captura de instancias del Estado por parte de esos ilegales. ¿Esa es otra realidad también?
Sí, es una realidad. Infortunadamente cuando se avanza, como ha pasado con el narcoparamilitarismo en una senda institucional a la reconfiguración coptada de ciertas parcelas de las instituciones colombianas como fue el Congreso de la República en la legislatura 2002-2006, donde cerca del 30 o el 40 por ciento, ya no solo porque lo dijo Mancuso en su momento, sino porque la Corte Suprema de Justicia y las investigaciones de la Fiscalía lo demostraron, no se han erradicado esos vínculos en muchos de esos congresistas, sino que han sido remplazados por familiares estrechos, más lejanos en asocio, que seguramente están también con intereses similares a los anteriores, permite pensar que es muy difícil la erradicación de tajo de este fenómeno.
En algunos procesos ya se han infiltrado parte de las cúpulas de ciertas instituciones, ya no solo a nivel local y regional que sigue manteniéndose, sino incluso a nivel nacional. El caso del DAS es ejemplificante. Hubo que destruirlo. Porque el DAS concienzudamente estuvo capturando e infiltrado por interés ilegales, y la mayor expresión fue, precisamente, bajo el periodo del narco paramilitarismo a donde en su momento el jefe del DAS tenía unas relaciones claras con Jorge 40.
Usted habla de neoparamilitares. ¿Estamos hablando de las bacrim?
Van en una tendencia similar con sus características obviamente propias, pero como se ha encontrado, y como se ha visto en los diferentes análisis y diferentes partes donde ha habido macrocriminalidad, o mafias, u organizaciones criminales organizadas. Esta forma de ilegalidad necesariamente, para que pueda reproducirse, requiere del Estado y de parcelas de la sociedad. Haga de cuenta de que solo hubiera ilegalidad en un globo aparte del resto de la sociedad, pues no tendría manera de reproducirse, porque parte de las utilidades de sus negocios ilegales si no se pueden atravesar por la economía legal, pues queda solo lo ilegal y se restringe su posibilidad de reproducción y ampliación. Eso sería a nivel económico. Pero es que también requiere de parte del Estado y parte de la sociedad, porque esa ilegalidad quiere hacer que sean menos costosas sus actividades y más favorable el ambiente y el entorno económico y social para reproducir y profundizar su marco de actividades y también su influencia.
Y para contar con normas y reglas de juego que los favorezcan, o por lo menos que no los ataquen especialmente. Por eso requiere también, no solo capturar, sino en la medida que avanza el proceso, infiltrar al Estado para poder tener un mayor parapeto, una mayor mimetización y por ende una mayor capacidad de reproducción del capital social, político y económico hacia el futuro. Entonces en ese sentido la ilegalidad necesita del Estado.
¿No ha habido una la decisión clara de la dirigencia para crear un Estado capaz de enfrentar esas amenazas?
Yo le diría enfáticamente que no la ha habido. Espero que la haya algún día. Pero hasta ahora el establecimiento y la clase dirigente (no necesariamente quiere decir que está involucrada con la ilegalidad) enfáticamente la respuesta es no. Pero lo que sí es que ha hecho caso omiso, en el mejor de los casos, de este fenómeno. También hay que reconocer que hay algunos agentes importantes del establecimiento, de la legalidad, que incluso han cooperado de alguna manera con algunos, no digo todo el establecimiento, con la reproducción de estas tendencias y dinámicas ilegales y grises.
Yo lo que esperaría es que en la medida en que se haga mayor conciencia en relación con lo que ha pasado en el país (aquí la gente ha olvidado y cree que la época del narco paramilitarismo todo cambió y todo se volvió estado social de derecho puro, y eso no es así) asuma una posición determinante contra esas amenazas. Haya una interposición de esfuerzos y compromisos por parte del establecimiento que es legal para garantizar que en Colombia impere la ley bajo un Estado Social de Derecho. Ojalá eso suceda, pero hasta ahora no ha ocurrido, y uno de los temas con minería, es ese tema. Es necesario que la minería también, y los agentes, no solo nacionales sino transnacionales que están involucrados, sean fieles observadores de la ley, de los compromisos de las regulaciones. Esto es muy importante, porque vi en EL TIEMPO que la directora de la Agencia Nacional Minera decía que cerca del 80 por ciento de las licencias ambientales no cumplían con los objeticos calculados. A eso estamos refiriéndonos también.
Son muchas las amenazas…
Creo que en este punto es importante aclarar que no se trata solo de las Farc. Hay una multiplicidad de redes ilícitas, en las que en algunos casos participan las Farc y otros no. O unos grupos de las Farc, pero no todos. Hay otras formas de macrocriminalidad con alianzas de las bacrim, neoparamilitares, con agentes grises y otras formas de criminalidad no tan organizadas, que están surgiendo no solo en Colombia sino en América Latina, donde infortunadamente hay una altísima participación de la gente joven, de las nuevas generaciones, pero no porque la gente joven sea mala, sino porque no tiene oportunidades, y la sociedad no les brinda la posibilidad de tener proyectos de vida legal que superen con creces…
¿Habría que aceptar que en algunos escenarios la criminalidad tiende a ganarles espacios al Estado y la legalidad?
Se los gana. Por ejemplo, un elemento grave que lo vemos en Colombia, México, Salvador, incluso en Sicilia, es como lo muestra el libro de Roberto Saviano, la gente joven es la gente clave, la carne de cañón para la ilegalidad organizada. Porque es la que no encuentra proyecto de vida hacia su futuro, pero este modo de vida sí le garantiza esporádicamente una apariencia de bienestar, una realización. Muy grave. La capacidad por el uso de la violencia, el enriquecimiento rápido, el éxito en su medio, mujeres que son marginadas y tienen un imaginario del éxito sexual que contamina todas estas relaciones sociales en muchas de las comunidades nuestras y que son el futuro de nuestras generaciones.
¿Usted piensa entonces que hay un momento crítico, una tendencia de deterioro social, entre otras razones por toda esa mezcla de corrupción, violencia, deterioro social?
Hay una tendencia inmanente, pero precisamente el establecimiento es el que debe entender que no le puede ceder las generaciones nuevas a la ilegalidad sin interponer compromisos y esfuerzos para garantizarles un proyecto de vida legal digno a la gente; yo no estoy justificando la ilegalidad ni la criminalidad en este sentido, estoy tratando de explicar la racionalidad de esta juventud que no tiene opciones y que se le abre una oportunidad con estas formas ilegales. Algo fundamental que está pasando ahora es que sí van cambiando las dinámicas, antes era alrededor del narcotráfico ahora es del microtráfico, pero ahora hay otros mercados ilegales, una de las características claves de la actual macro criminalidad es que están trabajando en 10 u 12 mercados simultáneamente.
¿Mercados más rentables que la droga?
O ya cercanos. Algunos de ellos importantes. Entonces se trabaja la extorsión, el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, la minería ilegal, etc, que son actividades muy lucrativas, la piratería, que hace que la sociedad y el establecimiento en Colombia tengan que ser más activos para poder garantizar un progreso de la legalidad.
¿Usted también habla en el texto de la apropiación de tierra por parte de las multinacionales, que uno pensaría que es otra amenaza por la debilidad institucionalidad?
La explosión especulativa de acaparamiento del subsuelo desde el 2002-2003 en Colombia hasta el 2011 es muy indicativa y da mucho qué pensar. Por qué ha habido más de 15 mil solicitudes de títulos mineros en un periodo tan rápido, y súbitamente Colombia se volvió en un potencial minero cuando simultáneamente todavía hay una serie de conflictos alrededor del derecho de propiedad, incluso del suelo. Esto lleva a pensar que no necesariamente todos los que han hechos solicitudes de licencias y los que las han recibido, no todos deben ser actores de empresas trasnacionales supuestamente de comprobada idoneidad. Sino que puede haber, y en eso no ha habido la información clara por parte del Estado, que alguno de estos que han solicitado el licenciamiento que puedan ser empresas de fachada que respondan a intereses ilegales y que ya no solo vayan por la especulación sobre las posibilidades o no existencia de recursos naturales sobre un determinado terreno, sino que vayan con otros intereses de acaparamiento del suelo y del subsuelo, con o fines grises.
Eso es altamente preocupante porque el proceso por medio del cual se dio todo el licenciamiento se basó en una institucionalidad absolutamente débil con muy pocos funcionarios y sin la capacidad técnica idónea para analizar debidamente bajo un protocolo estricto y un esquema regulatorio claro la conveniencia o no de otorgar el licenciamiento minero. Eso ha llevado, incluso, a que muchos tengamos que repensar si el Estado, algunos dicen que sí otros que no, tiene la potestad para que con debidas razones, juicios sustentados, se revoquen algunas licencias mineras ya otorgadas. Este es un tema de debate que tenemos que abrir, si esto requiere una reforma en el Congreso a través de una nueva ley, o si como algunos dicen, ya el Estado acudiendo a una cierta normatividad, bajo ciertas condiciones comprobadas, pudiera entrar a revocar licencias mineras otorgadas.
¿Qué tan grave es lo que usted relata en su texto, que la tercera parte del país está titulada o está en la lista de titulación minera?
Es más grave aún. Ahora, por ejemplo, entre solicitudes y licencias mineras aprobadas en el territorio continental de Colombia son 22 millones de hectáreas, pero el Estado, el Gobienro de turno, ha anunciado una prioridad de zonas que suman 20 millones en otras regiones del país. Entonces queda uno pensando: las de hoy, 22 millones de hectáreas, entre solicitudes y licencias, es donde está la población colombiana. La población sensible está ahí, en el altiplano, y se dice que eso se hizo a espaldas de la Nación. (Eso fue entre 2002 y 2011).
Muy rápidamente no hubo concientización, no hubo una conciencia clara de cuál era el protocolo y el esquema regulatorio institucional para esta aprobación, no hubo una fiscalización de cómo se estaban aprobando las licencias mineras, tampoco unos requisitos previos ante ese bendito principio de “primero en el tiempo, primero en derecho”, que es totalmente irracional y que hay que revocarlo lo más pronto posible, y entrar a un sistema como el de los hidrocarburos que es la del mejor postor.
Esto llevó y ha llevado a lo que hoy estamos sufriendo: el Gobierno en el 2011 tuvo que hacer una moratoria y decir, bueno, hagamos un paréntesis… Pero ya se anuncia que se va a abrir otra vez la ventanilla y que se van a tomar otra vez muy rápidamente las decisiones, se ha dicho que vamos a entrar en el licenciamiento exprés, es decir en la aprobación de licencias muy aceleradamente, cuando los estudios internacionales muestran que en los países más estrictos ese tema se demora al menos 7 años. Entonces tenemos que tener una cautela y una precaución y sopesar debidamente las decisiones que no son sólidas técnicamente y las implicaciones que pueden tener para el país.
¿O sea que de la noche a la mañana se regaló el país?
Yo diría que… infortunadamente, comparado con otros países, porque eso es lo importante, Colombia tiene un nivel de regalías relativamente bajo, con un agravante, como dijo en el director de la DIAN, el doctor Ortega, se han comprobado casos de abierta corrupción para el pago de regalías, y se está viendo a través de algunos materiales como el carbón. Si además de que la tarifa de regalías es relativamente baja, es fija, si hay bonanza de precios el país y el Estado no ganan a partir de esa bonanza.
¿Y que no se puede hacer seguimiento a las ventas en el exterior para que se paguen las regalías que son?
Hay problemas serios de deficiencia institucional para garantizar que los precios de transferencia y de venta que reportan las empresas sean realmente los precios de trasferencia. Nosotros tenemos casos comprobados de que el precio de transferencia que algunas empresas reportan a la Dian es diferente y muy inferior del que reportan las mismas empresas y para el mismo periodo a la superintendencia de sociedades. Fuera de que la tasa es baja, que es fija, el Estado no gana parte de la bonanza, por eso proponemos regalías variables según la evolución del precio. Tampoco los precios con los cuales se liquidan las regalías, ni el monto exportado, la institucionalidad del Estado en la mayoría de los casos no tiene la capacidad para fiscalizar debidamente que eso es.
¿Se está perdiendo por todo lado?
Lo que decimos es que primero: hemos hecho una nivelación por lo bajo, hemos puesto regalías bajas pero sin un control debido y estamos perdiendo la posibilidad de recaudar debidamente las regalías. Por el lado tributario propiamente dicho Colombia, nominalmente, tiene unas tasas altas, pero la multiplicidad de deducciones nos lleva a que el sector minero pague en efecto una tasa efectiva neta en conjunto del orden del 10 por ciento y no del 33 como se dice, porque hay multiplicidad de extensiones. Algo se corrigió, en un ajuste que se hizo en el 2011, para no contemplar como deducción la depreciación del capital acelerada en 5 años, sino de otra manera.
Pero también hemos comprobado que hay unas deducciones que son indefensables, que favorecen a las empresas de una manera que en otros países no se usa. Y dos elementos adicionales: uno es que al no haber un verdadero control sobre el precio de transferencia entonces no sabemos verdaderamente las utilidades, por no tener una institucionalidad y un marco estricto y riguroso hay una filtración que hace que el país vaya dejando de ganar los recursos que teóricamente debiera recibir de acuerdo con la estructura.
Por último algo importante en remesa de utilidades: Chile, que es un país bajo un modelo más neoliberal, tiene un impuesto de remesas al exterior de utilidades al exterior del 35 por ciento, en Colombia es 0. ¿Por qué es importante ese impuesto?
Puede ser un nivel x, lo que se busca es que haya un incentivo a que las empresas trasnacionales inviertan en el país los recursos acá. Todo esto nos lleva a que hay que instaurar un marco tributario medioambiental estricto, que sea competitivo con otros países, no estamos diciendo que sea un marco tan exigente y tan elevado que ahuyente el capital, no estamos diciendo eso, pero tiene que haber un marco estricto regulatorio, que garantice un beneficio social, una rentabilidad de corto y mediano plazo para el país.
¿Usted cree que hay excesivos privilegios tributarios para algunos sectores?
Sí, correctamente. Yo creo que el nivel de tributación efectivo de esta actividad debería ser 20 ò 25 por ciento y estamos en 10, aún después del ajuste que se hizo en el 2011. Eso implica que necesitamos crear una institucionalidad y un marco regulatorio, pero en lo medioambiental, en lo ecológico, en lo tributario, en lo laboral, porque sabemos que a veces hay conflictos laborales, con algo fundamental: que en país hay una debilidad y es que la actividad extractiva minera, cuando genera costos por deterioros medioambientales y sociales, debe pagar por ese concepto compensaciones al Estado. No solo es la tributación, las regalías, sino que por los daños que se producen, se debe compensar. Que no es a cargo de las regalías como dicen algunas empresas mineras, la regalía es una renta sobre un recurso escaso con los cuales ellos se favorecen.
La tributación es un impuesto como cualquier actividad, y la compensación le compete a las empresas. Estamos en déficit porque no tenemos la evaluación estricta de todos los daños ambientales en muchos de estos proyectos. Aquí hay un tema crucial: el país tiene que enfocar seriamente en la cuantificación de ese deterioro ambiental y social y este es un tema inmenso, porque muchas veces puede valer mucho más que los ingresos. Esto se realiza con un Estado fuerte, con un régimen fuerte, y con una institucionalidad sólida que tenemos que construir.
¿Usted cree que hay condiciones para construir hoy ese Estado fuerte?
Pensamos que hay que prolongar la moratoria de licencias, sin duda, que tenemos que avanzar no a crear la institucionalidad de mediano plazo totalmente, pero sí a repensar todo el esquema regulatorio, medioambiental, tributario, de compensaciones, y adicionalmente reforzar las formas de fiscalización en un inicio con base en las informaciones de la empresas y de las nuevas auditorías que se contrataron internacionales para ir consolidando una capacidad técnica en el Estado, para ir sustituyendo ya la información de las empresas con una información propia, más adecuada, no solo precios, sino también lo fundamental de las implicaciones y los deterioros medioambientales y sociales.
¿Cree que la paz tiene que pasar por una normalización de las tierras, y que debe también pasar por una mayor justicia en temas mineroenergéticos?
Sin duda. Yo aprovechando su pregunta: debo hacer dos aclaraciones que son personales y que no son compartidas por mucha gente. Creo que el proceso de negociación de La Habana, a mi juicio, es un paso de transición hacia, porque infortunadamente dentro de la misma Farc hay una porción que no creo que acate y vaya por el camino de las negociaciones y acuerdos, y compromisos, sino que continuará como redes criminales en la multiplicidad de negocios en los cuales esa porción de las Farc están involucrados.
Por eso no quiere decir que la firma de la paz en La Habana va a desarticular todas las formas de violencia y grandes conflictos en el país, pero sí es un paso importante que hay que reconocer y hay que respaldar. Ahora bien, el problema es que los conflictos nuevos y reciclados y renovados a los de Colombia, ya no son solo sobre el suelo, pero simultáneamente también lo son sobre el subsuelo. Y esto lleva a que Colombia tenga que desarrollar una jurisprudencia de jerarquía de derechos dentro del marco de la Carta Constitucional del 91. Destaco que algunos jueces de restitución de tierras están comenzando a crear una jurisprudencia de jerarquía de derechos. Tenemos que ser muy claros y quizá tener un activismo judicial más fuerte ante las altas cortes, para poder definir bien esos derechos, de lo contrario va a haber una fuente nueva o una profundización de conflictos de intereses muy poderosos entre los mineros, los interese sobre el suelo, y los intereses sociales y comunitarios. Y eso lo tenemos que racionalizar.
Tenemos que acordar que tenemos que tener una jurisprudencia clara que nos ayude a regular y a enmarcar debidamente estas situaciones para evitar los grandes conflictos sociales que pueden ocurrir. Recordemos una cosa importante que EL TIEMPO publicó entre otras, y es que los conflictos alrededor de la minería es quizá el principal conflicto de América, yendo desde Canadá hasta la Patagonia, encuentra que grandes conflictos étnicos y comunitarios son alrededor de proyectos mineros, energéticos, y algunos macro proyectos, pero fundamentalmente lo minero energético. En Colombia usted está viendo la reproducción de conflictos en muchas regiones del país, por lo tanto tenemos que avanzar en una definición clara en la jerarquía de derechos para poder regular debidamente las contradicciones que ocurren.
¿Es inevitable un fortalecimiento institucionalidad?
Con una fiscalización muy seria dentro del Estado y desde fuera del Estado.
EDULFO PEÑA Editor político