“Un presidente tiene responsabilidad total por la corrupción” Eduardo Salcedo Albarán Filósofo, investigador
El gatillero no es el único que mata, propone Salcedo, sino también el funcionario que facilita e interviene en actos de corrupción.
Eduardo Salcedo Albarán Filósofo, investigador y experto en el tema de redes transnacionales de crimen organizado en América Latina.
¿Quiénes son las víctimas de la corrupción que usualmente se invisibilizan?
Es importante entender que la corrupción tiene víctimas. El problema es que no son tan visibles como en otros delitos que están tipificados en el Código Penal. Cuando un criminal asalta a una persona, la víctima se identifica fácil porque en ese instante está cercana al victimario en el tiempo y en el espacio. También eso hace que se genere una especial sensibilidad. Lamentablemente, en los casos de corrupción la víctima tiende a no estar cerca del criminal–corrupto. Una persona incurre en corrupción porque permite que un contrato se ejecute como no debería, es decir, que el dinero no se utilice: un secretario, un ministro o un alcalde da una autorización para que se ejecute un contrato como no debería hacerse. En ese acto, aunque no pareciera, se están generando víctimas, pero no van a aparecer en ese momento sino mucho después. Entonces, están separadas en el tiempo y espacio. Gracias a eso, tiende a pensarse que la corrupción no tiene víctimas o es menos grave que un asalto en la calle o que el asesinato de una persona. En realidad, en un caso de corrupción también se puede configurar muertes, puede morir gente como resultado de la corrupción, y peor aún, no muere una, sino muchas, decenas o centenares. Si un alcalde recibe un soborno para dejar operar un grupo criminal, ese solo hecho va a llevar a que mueran personas. Este grupo criminal va a comenzar a asesinar, torturar, etcétera. Pero como esas víctimas están lejos del alcalde, pareciera que no existen, porque están alejadas en el tiempo y el espacio. Lamentablemente, el cerebro de los humanos tiende a ser muy sensible ante el sufrimiento que percibimos. Cuando veo el dolor de alguien –en condiciones normales, si no soy un psicópata– me mueve, y en neurociencia, se dice que yo puedo simular el dolor de la tercera persona. Si yo veo un asesinato, que un sicario mata a una persona, eso genera una sensibilidad terrible y me parece reprochable. Pero si veo que un alcalde recibe un soborno, como no estoy viendo el dolor de las víctimas en ese momento, entonces dejo pasar el acto y por eso, lamentablemente, la corrupción no genera la sensibilidad ni se reconoce la gravedad que en realidad genera, que tiende a ser peor que los homicidios, por ejemplo.
¿Cómo traer al frente a esas víctimas relegadas?
– Lo primero es hacerlas visibles. Como sociedad, organizaciones civiles y medios de comunicación nos encarguemos de hacerlas visibles. Tenemos que entender que hay víctimas. Todos los sistemas de justicia funcionan gracias a la identificación de víctimas; cuando no las hay, los victimarios no están sujetos a justicia ni a reproche judicial ni moral. Mostrar la cara y el sufrimiento de las víctimas al que han estado sujetas gracias a un acto de corrupción que muy seguramente el corrupto dirá que era inocente y que no sabía ni se imaginó que iba a pasar eso, pero que efectivamente pasa. Lo segundo, ya se necesita un trabajo más estructurado con los sistemas de justicia, con las escuelas de Derecho para que promovamos el reconocimiento de la gravedad de la corrupción en términos penales. Lamentablemente, la corrupción tiende a penalizarse y a castigarse de manera muy laxa porque se piensa que eso no conlleva a situaciones de muerte y de sufrimiento. Sin embargo, una vez que reconozcamos que sí, tenemos que trabajar en los sistemas de justicia para que se castigue de manera más grave cuando se configura una muerte masiva, victimización masiva. Los sistemas de justicia tienden a penalizar y a castigar de manera más drástica al que mata a una persona, pero por el no reconocimiento, no castiga al que, mediante el acto de corrupción permitió la muerte o facilitó la muerte de diez personas. Aunque no se diga, actos de corrupción pueden llevar a actos de victimización masiva, incluso a delitos de lesa humanidad.
¿Esto porque el Estado incumple con las garantías mínimas de salud, educación, seguridad?
– Claro, pero peor aún, no solo por cuestiones de omisión sino muchas veces de manera activa. Cuando el alcalde de un municipio recibe un soborno para dejar operar a un grupo narco está facilitando, no por omisión solamente sino de manera activa, la operación de ese grupo y la ejecución de extorsiones, masacres y homicidios. Ese es un caso obvio. Pero cuando el director de un hospital, y eso no es para nada lejano a Guatemala, desvía los recursos que deberían usarse para cuidar la salud de diez, cien o mil personas, los usa mal y ello conduce directamente a la muerte de personas. ¿Qué hay ahí? Hay victimización masiva, no por omisión, sino por actos conscientes y predeterminados que están llevando a la muerte de personas. No solo se puede hablar de delitos de lesa humanidad por la omisión de acciones y de funciones, sino de la ejecución de actos totalmente conscientes y solamente si reconocemos a esas víctimas y esos sufrimientos a los que han estado sometidos, vamos a poder reprochar penalmente y moralmente a esos corruptos.
¿Conoce casos en los que se haya dictado sentencia condenatoria contra agentes estatales por su responsabilidad en actos de corrupción que hayan causado la muerte de personas?
– De manera desafortunada, Colombia ha sido muy protagónica en eso. Cuando un gobernador o un congresista se sienta con un líder narcoparamilitar y se ponen de acuerdo para facilitar el despojo masivo de miles de hectáreas, mediante masacres, ahí en términos tradicionales no hay delitos. Un fiscal tradicional no habría investigado, porque le quedaba muy difícil probar la participación de un funcionario en la comisión de homicidios. No obstante, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia introdujo el delito de concierto para delinquir agravado. Entonces, actualmente hay gobernadores y congresistas condenados por haber sido determinantes en situaciones de victimización masiva y delitos de lesa humanidad. No porque él haya ido a dispararle a mil personas, sino porque era un funcionario público, de por sí ya agrava la situación porque como funcionario su única tarea es proteger los intereses sociales y es lo único que no hace. Y si los acuerdos que él establece conducen a masacres y despojo masivo de tierras, entonces se configura en una situación que ya no es corrupción tradicional, sino una corrupción que llevó a victimización masiva. En Colombia ya se condenó a exfuncionarios que fueron determinantes en situaciones de crímenes de lesa humanidad.
¿La nueva tipificación penal surgió a partir de presión social y de los fiscales que empujaron los casos?
– Confluyeron varios factores. La presión y la movilización social fue indispensable para visibilizar a las víctimas. Se crearon asociaciones de víctimas, organizaron marchas y denunciaron que las reuniones de funcionarios –aparentemente inofensivas– llevaron a un sufrimiento desmesurado de millones de personas despojadas de tierras con masacres o tortura. El Estado, contra la pared, tuvo que reconocer víctimas. Fue indispensable que la Corte Suprema de Justicia avanzara en esas investigaciones y que se creara figura legal para perseguir esos hechos.
Los casos que la CICIG ha llevado a los juzgados tocan a jueces, magistrados, jefes policiales, secretarios privados del Ejecutivo, a la propia ex Vicepresidenta… ¿En qué tipo de Estado vivimos?
– En un Estado de cooptación criminal muy avanzado y de reconfiguración de instituciones. Vivimos ya no en una situación en la que los “pobres funcionarios públicos” han sido capturados por los criminales por violencia o por soborno, sino que, lamentablemente, varias sociedades en América Latina han llegado al punto en el que esos mismos funcionarios o líderes políticos o líderes sociales son los que buscan a las estructuras criminales para aprovecharse de su capacidad operativa y de ejercer violencia, para atemorizar. Cuando eso pasa, se coordinan intereses y se alinean intereses. Es muy grave cuando funcionarios en las instituciones del Estado adoptan los intereses totalmente parciales, egoístas y criminales. En términos institucionales, las consecuencias son nefastas porque se pierde la confianza en las instituciones, cada vez hay menos instituciones con las cuales trabajar. Siempre va a haber un punto, así mínimo, pero habrá funcionarios realmente comprometidos, aunque el nivel de cooptación sea muy avanzado habrá algún punto para comenzar a trabajar, pero cada vez es más pequeño, más débil. Lamentablemente, Guatemala, ni qué decir el resto de Centroamérica, ha llegado a niveles de cooptación masiva impresionantes y de reconfiguración de instituciones, porque comienzan a funcionar para favorecer intereses criminales.
¿Qué grado de responsabilidad acarrea un presidente que nombra en puestos clave de aduanas y del Seguro social, a personas que resultan imputadas por actos de corrupción?
El nivel de responsabilidad es toda, en el sentido de que esas situaciones configuran redes de corrupción y redes criminales en las que los únicos actores protagónicos no son los que ejecutan el crimen sino, sobre todo, quienes facilitan las condiciones para los crímenes y esas situaciones de victimización. ¿Por qué sobre todo? Como ellos facilitan, continúan existiendo y facilitan la reproducción de esas redes. Lamentablemente, como se tiende a centrar la atención en el actor estrictamente criminal, entonces no importa cuántos capturados haya, si los actores que desde posiciones legales –sobre todo con tan amplio poder como la Presidencia de la República– permiten que estos actores operen o permiten o facilitan la victimización masiva y ni la justicia ni la sociedad concentran la atención en la culpa de ellos, ellos siguen existiendo. Estamos tan acostumbrados a los niveles de impunidad, que no importa cuántas capturas haya o a cuántos criminales capturen, esas situaciones siguen. Por eso es indispensable prestar atención a esos actores que desde posiciones privilegiadas y con todo el poder de decisión, están facilitando esas situaciones de victimización masiva. Y prestar atención no solo en términos sociales y morales, sino judiciales.
Lamentablemente, los líderes políticos están acostumbrados, en el peor de los casos reciben culpa política, entonces tienen que renunciar del cargo y eso es el peor castigo al que están sujetos.
Pero eso les permite volver al sistema, incluso si ya han cumplido condenas, como el expresidente Alfonso Portillo.
Como es un magistrado, como es un doctor, un gobernador, ¡pobrecito! en el peor de los casos le tocará renunciar y morir políticamente. Ni eso pasa, porque ya sabemos de altos funcionarios públicos que han pagado condenas y vuelven con el interés de reiniciar su capital político. ¿Y el castigo judicial?
Pero ese castigo depende de las Cortes que ellos mismos han designado.
Eso es lo que toca cambiar y ahí la presión social es indispensable. Cuando la población se une para reclamar justicia, lo logra. No es cuestión de exigir hoguera pública sino justicia y reparación a las víctimas. ¿Cómo se va a reparar las muertes en el Seguro Social? En el sentido ya no de la corrupción tradicional sino de la victimización grave.
¿Es posible gobernar sin hacer pacto con el crimen, cuando los mismos políticos están buscando participar en esas estructuras?
Es posible, pero muy difícil. Por eso hay sociedades que han llegado a los niveles de pacificación y de consolidación de derechos humanos y estado social de Derecho como los que han alcanzado. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a vivir en estas situaciones tan convulsionadas, inmersos en esta corrupción y en este nivel de sufrimiento humano, pero hay otras sociedades que han logrado consolidar el Estado de Derecho. Es difícil, porque las redes criminales más fuertes y resilientes, las mafias más fuertes, no solo en Centroamérica sino en todo el mundo, existen gracias a los recursos que pueden extraer del Estado en el sector legal, no solo económicos sino favores, información. Sin eso, no pueden existir. Siempre que hay mafias hay relación con el gobierno de turno y con el sector privado. Esas mafias siempre van a intentar cooptar o ser cooptados por las estructuras legales. Para un gobierno es muy difícil mantenerse blindado, pero se logra; hay instituciones mínimas que tienen que ser blindadas como las Altas Cortes, así sea a punta de polígrafo o del control que se les ocurra.
Publicado el 02 de julio de 2015 en www.elperiodico.com.gt por Evelyn Boche